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LOS SALARIOS DESORBITADOS Y LAS LUCHAS DE PODER DE TASUBINSA

Por   /   22 febrero, 2014  /   Sin Comentarios

Según ha constatado El Informador, el sueldo del gerente, que acumuló 56.000 euros de deuda, asciende a 70.000, a los que se suman entre un 12,5 y un 25 por ciento por objetivos. Los salarios de los tres consejeros directivos y del director financiero, que figuran entre los impulsores de la ya conocida denuncia, oscilaron entre los 45.000 y los 57.000 en 2013; el del gerente de Anfas fue de 49.788; y la presidenta de ambas entidades no cobró retribución alguna. Distintas fuentes afirman que el origen del conflicto que ha derivado en la denuncia contra los dos gerentes y la presidenta fue el intento inicial de la propiedad (Anfas posee el 78 por ciento de Tasubinsa y Fundosa el 22) de “cambiar la composición del Consejo de Administración para que los dueños tuvieran mayoría”.

Instalaciones de Tasubinsa en Orkoien. EDUARDO SANZ

Instalaciones de Tasubinsa en Orkoien. EDUARDO SANZ

 

NOTA EDITORIAL: El Informador alaba la excelente labor social realizada en Anfas y Tasubinsa por quienes se entregan con devoción para que las personas con discapacidad puedan crecer y evolucionar en igualdad de condiciones. Y muy especialmente, la que desempeñan sus voluntarios, porque su dedicación jamás se ve recompensada con dinero. Los sentimientos pueden ser igual de puros y respetables, pero no es lo mismo ejercer como voluntario que como empleado a nómina. Aunque para comprender la diferencia, es necesario haber trabajado alguna vez en la vida por puro amor. Este medio no entrará a valorar la denuncia interpuesta por seis consejeros de Tasubinsa y 39 trabajadores contra los gerentes de la empresa, de Anfas y la presidenta de ambas entidades. Deberá ser un juez quien dirima si las prácticas de alguno de ellos -o de todos- son constitutivas de delito y las posibles responsabilidades que deben asumir. Pero sí tengo claro que no todo es lo que parece a simple vista. Con este artículo, que será criticado por muchos, tan sólo pretendo que los ciudadanos tengan datos suficientes para hacerse una imagen más completa del problema que afecta a dos entidades de referencia en Navarra.

 

Para comprender un problema, a menudo hace falta bucear en aguas oscuras, indagar sobre las causas que lo propiciaron, leer entre líneas, fijarse en los pequeños detalles… Tasubinsa, empresa sin ánimo de lucro propiedad de Anfas (78 por ciento) y Fundosa (22 por ciento), vive sus días más convulsos desde su fundación hace casi veinticinco años. Pero detrás de las presuntas irregularidades denunciadas en el Juzgado de Instrucción número 5 de Pamplona, subyacen una dura guerra entre veteranos y quienes han tratado de cambiar los mecanismos de decisión y poder de la entidad, y sueldos desmedidos en una sociedad cuya actividad se centra en prestar apoyo a las personas con discapacidad.

Seis altos cargos que forman parte del Consejo de Administración, compuesto por trece personas, y 39 trabajadores han impulsado una denuncia contra el gerente de Tasubinsa, José Pérez Plano; la presidenta del Consejo de Administración y de Anfas, Usue Zulet; y el gerente de esta asociación, Gerardo Posada.

Los denunciantes acusan a Pérez Plano de adeudar más de 56.000 euros a la empresa, gran parte de ellos por cargos a la VISA de la empresa, lo que podría suponer “una irregularidad administrativa”. Pero consideran que Zulet podría estar ante un delito de administración desleal porque, según su versión, ella conocía el problema, algo que desmienten tanto la propia presidenta como el gerente, quien sin embargo admite la deuda (aunque no los argumentos esgrimidos por los denunciantes). Al mismo tiempo, estiman que los tres habrían cometido delitos de falsedad en documento mercantil (facturas falsas) y un delito de societario (por supuesta alteración de las cuentas) al haber pagado Tasunbinsa a Anfas “300.000 euros” por “cursos de formación inexistentes” tras lo que se esconde, a su juicio, una “donación encubierta”. Los denunciados subrayan que “la formación está documentada”.

El Informador ha tenido acceso a diversos documentos que ayudarán a la sociedad navarra a hacerse una idea más precisa de quién es quién dentro de este conflicto, de por qué se ha producido y de qué intereses puede tener cada uno a la hora de tomar ciertas medidas.

LOS SALARIOS DE LOS DENUNCIADOS

- José Pérez Plano (gerente de Tasubinsa desde 2010, aunque su salario no fue decidido por el actual Consejo de Administración, sino por el anterior): 70.000 euros brutos anuales, además de entre un 12,5 y un 25 por ciento en variables por objetivos (más que un consejero del Gobierno foral). Su predecesor aún ganaba más que él (en 2008, su único año completo, percibió 93.135, al nivel de la propia Yolanda Barcina).

Según los denunciantes, el gerente ha acumulado una deuda de 56.000 euros con la empresa desde su designación en 2010. Esgrimen que disponía de una VISA de Tasubinsa, ya retirada, que utilizaba para “pagar tanto gastos relacionados con la sociedad como para fines exclusivamente personales, justificando mensualmente los gastos de representación de la entidad y los personales en concepto de ‘varios’ en las notas de gasto”. Y puntualizan que “en cada nota” propone la devolución de la deuda a través de “un descuento de futuras percepciones de nóminas –actualmente tiene todas comprometidas hasta febrero de 2016-”.

También destacan que tiempo después de su nombramiento, oficializado meses antes de la llegada de Zulet a la Presidencia, comenzaron a remitirse “embargos” contra él al departamento de Tesorería de Tasubinsa por parte “de los juzgados, la Seguridad Social y Hacienda”: “Se le pidió explicaciones y alegó que era una cuestión puntual”.

Según fuentes consultadas por El Informador, en esa misma época, no está claro si antes o después del inicio de los embargos, pidió a la presidenta “un par de adelantos inferiores al importe de sus nóminas”, que fueron autorizados por Zulet. Adelantos que “nada tenían que ver con la acumulación de deuda que fue surgiendo después a lo largo de tres años” y que, según el propio Pérez Plano, la presidenta ignoraba. Sí acordó con ella, aprecian los denunciantes en su exposición de los hechos, que Tasubinsa le pagara en especie una parte de su nómina, la que correspondía al alquiler de vivienda (1.270 euros al mes).

Al parecer, a partir de ahí se gestó el verdadero problema, cuando el gerente comenzó a utilizar la tarjeta y acumuló más de 15.000 euros de deuda a 31 de diciembre de 2011. Entonces, acogiéndose a una posibilidad que ofrece la entidad a sus trabajadores, pidió un crédito por dicha cantidad, que fue firmado por el director financiero y ahora denunciante, Felipe Oronsospe, no por la presidenta (así se puede comprobar en el propio documento, aunque Oronsospe alega que en ese instante, el gerente aseguró tener el permiso de Zulet). Un detalle importante porque revela que algunos de quienes han interpuesto la querella estaban al corriente de la situación económica de Pérez Plano desde hace años. De hecho, hasta los denunciantes reflejaron en su dictamen jurídico que ese crédito llegó en diciembre de 2012 a los 30.758,83 euros más los intereses (997,43), y que fue nuevamente Oronsospe quien lo rubricó con el gerente: “Es que mientras devolvía unos 1.680 euros al mes, se gastaba entre 2.167 y 5.316 con la VISA. Así entró en una espiral y la deuda se disparó”, precisan en el entorno de los denunciantes. De los 30.758 que incluye el crédito, debe todavía más de 12.000 y quedan por formalizar los 25.000 restantes, que “no obstante sigue pagando”.

El gerente no ha aclarado aún cómo una persona con un salario tan alto puede necesitar un préstamo y tiene embargados cerca de 825 euros de su nómina. Independientemente de si actuó de manera legal o no, su actitud se antoja más que reprobable.

Pero a diferencia de lo que señalan los denunciantes, Pérez Plano incide en que la presidenta de Anfas y del Consejo de Administración, Usue Zulet, no supo de la existencia de una deuda hasta finales de 2013, cuando ésta le requirió “toda la información” para abordar el tema “en la primera Junta General o Consejo de Administración que correspondiera”. “Y no conoció el importe ni el uso de la VISA hasta el 16 de enero de este año. Ese mismo día, se le pidió que dejara de utilizarla”, afirman estas fuentes.

Él insiste en que tenía poderes “hasta 60.000 euros” y en que, al tratarse de un crédito con un interés, “la entidad ha salido beneficiada”.”No existe un perjuicio real, porque no sólo se devuelve el capital, sino que se remunera a la sociedad por el uso de tal cantidad conforme al interés pactado, superior incluso al ordinario de los que obtiene la empresa -podría rondar entre el 4,5 y el 5 por ciento-. Se refleja mensualmente cuáles son las cantidades correspondientes a gastos de empresa, cuáles gastos personales y conforme al contrato indicado, se devuelve el importe del préstamo mediante los correspondientes descuentos de la nómina, por lo que el crédito se está devolviendo conforme a lo acordado”, defiende su letrado en un dictamen de parte.

- Gerardo Posada (gerente de Anfas desde 2009, fue elegido por la anterior Junta Directiva de Anfas, con Usue Zulet como miembro pero no como presidenta): Percibió 49.788 euros brutos en 2013, aunque donó 4.440. Padre de una hija con discapacidad y consejero de Tasubinsa.

- Usue Zulet (presidenta de Anfas y del Consejo de Administración de Tasubinsa desde 2010): No cobra nada por ninguno de los dos cargos. Madre de una niña con discapacidad. El pasado miércoles, en una entrevista a Diario de Navarra, defendía que ella no tuvo conocimiento de la deuda de Pérez Plano hasta finales del año pasado y de la cuantía de la misma, hasta el pasado 16 de enero. Hizo especial hincapié en que era el director financiero, Felipe Oronsospe, quien firmó el préstamo concedido por Tasubinsa al gerente. Desde hace tiempo había mostrado a la Junta de Anfas su intención de dejar la Presidencia de ambas entidades en el mes de mayo, cuando finalizaba su legislatura.

Por otra parte, los cargos intermedios de la asociación, un total de nueve, ganaron entre 22.121 euros y 43.203, aunque sólo uno superó los 40.000 y todos ellos realizaron importantes donativos de hasta 3.600 euros. En la escala inferior se sitúan unos setenta empleados más. Y el número de usuarios anual ronda los 1.300.

LOS IMPULSORES DE LA DENUNCIA

Pero las cifras comienzan a dispararse cuando se analizan los salarios de los responsables y cargos intermedios de Tasubinsa, además del gerente. Los gastos que suponen las nóminas de la empresa, que cuenta con 750 trabajadores en el Centro Especial de Empleo y 600 usuarios en el Centro Ocupacional, sobrepasan mensualmente los 850.000 euros.

- Pablo Jaso (director de Operaciones): 57.845 euros brutos el año pasado. Uno de los tres trabajadores que forman parte del Consejo de Administración de Tasubinsa y el segundo que más dinero gana en la sociedad. En los años 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012, obtuvo 57.741 euros, 58.675, 61.826, 62.732, 59.300, 61.300, 59.779 y 58.765 respectivamente. Y en 2013, sus gastos de kilometraje y algunos conceptos variados ascendieron a la nada desdeñable cifra de 9.499 euros. Hasta enero de 2014 (por cambio de normativa), estas notas se gestionaban directamente en el departamento financiero.

- José Javier Garde (director de Desarrollo de Negocio): Su salario ascendió a 48.855 euros brutos en 2013. También es miembro del Consejo de Administración de Tasubinsa. El tercero que más cobró en 2013. En los años transcurridos desde 2005 a 2012, percibió 45.516 euros, 47.023, 51.994, 52.605, 50.084, 52.084, 51.187, 49.632 y 48.855.

- Ignacio Zamarbide (director de Sistemas): Ganó 45.642 euros brutos. El tercer directivo del Consejo de Administración y el quinto trabajador que más gana. Desde 2005 a 2012, obtuvo 45.325 euros, 45.810, 46.781, 47.392, 46.871, 48.371, 47.962, 46.419 y 45.642.

- Felipe Oronsospe (director financiero): No integra el Consejo de Administración, pero su salario fue el cuarto más alto de Tasubinsa en 2013 (47.263,27 euros). Entre 2005 y 2012, percibió 44.000, 45.092, 45.901, 46.140, 50.468, 49.180, 48.163 y 47.263.

Además de estos directivos, otros tres con retribuciones más bajas rechazaron apoyar la denuncia. Sus emolumentos fueron de 40.580 euros, 39.531 y 25.378 (este último porque se incorporó con el 2013 ya comenzado).

De los 39 trabajadores restantes que sí respaldan la denuncia, una gran parte ocupa puestos con remuneraciones de nivel intermedio, que van desde los 25.400 a los 48.850.  Existen casos en que, debido a la antigüedad, algunos trabajadores de menor rango perciben salarios más altos que otros de categoría superior.

- Rosa Jaso: Hermana de Pablo Jaso. Miembro independiente del Consejo de Administración. No cobra por ello actualmente, pero fue gerente la empresa en 2005, 2006 y parte de 2007. Ganó 63.418 euros, 88.239 (notablemente más que el gerente actual) y 36.938 respectivamente. Nombrada en su día por su puesto como directora de la Fundación Caja Navarra, siguió en el cargo de Tasubinsa cuando fue “relevada” de CAN, según Diario de Noticias.

- José María Zarranz: Consejero de Tasubinsa por su trayectoria en la Asociación de Industria de Navarra. No percibe remuneración alguna de Tasubinsa.

- Gerardo López: Consejero de Tasubinsa vinculado al Club de Marketing. Tampoco cobra.

EL NUEVO CONSEJO

Casualidad o no, lo cierto es que a principios de enero, la presidenta de Anfas y del Consejo de Administración de Tasubinsa, Usue Zulet, y el representante de Fundosa, Miguel Sagarra, trabajaron para modificar el actual Consejo de la Administración.

Además de los tres miembros de Anfas y el de Fundosa, el Consejo está compuesto por los tres directivos ya citados, todos ellos dentro del grupo de denunciantes, (Pablo Jaso, José Javier Garde e Ignacio Zamarbide); los tres independientes, también partidarios de la denuncia (Rosa Jaso, José María Zarranz y Gerardo López); y los tres representantes del Gobierno foral (María Isabel García Malo, directora gerente del Servicio Navarro de Empleo; Mariano Oto, director general de Política Social y Consumo; y la directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos, Imelda Lorea). De estos últimos, ninguno cobra por su labor en Tasubinsa y no se han posicionado a favor o en contra de la denuncia, aunque renunciarán a sus cargos en el próximo Consejo de Administración, tal y como estaba previsto con anterioridad. Este jueves, el PSN pidió la comparecencia de García Malo, Oto y Lorea para que expliquen “si la gestión de los fondos públicos otorgados Tasubinsa y Anfas para distintos fines ha sido la correcta”.

El motivo por el que Anfas y Fundosa barajaban modificar el Consejo era muy sencillo: la propiedad “sólo” tenía cuatro de sus trece representantes (Anfas posee el 78 por ciento de Tasubinsa y Fundosa el 22 por ciento). Por lo tanto, no podía tomar decisiones de ningún tipo a pesar de ser la dueña de la empresa.

El esquema que contemplaban inicialmente simplificaba en gran medida la composición, ya que reducía a ocho el número de miembros: el presidente del Consejo sería la misma persona que presidiera Anfas (Usue Zulet ya había manifestado a la Junta Directiva de Anfas su intención de dejar el puesto en mayo de este año, al finalizar su mandato); el vicepresidente procedería de Fundosa; dos vocales serían de Anfas; y habría cuatro consejeros, dos de ellos independientes y otros dos trabajadores de la empresa (en aquel momento se debatía si éstos debían tener voto o no, algo que no se había cerrado). Además, se pensaba crear una fundación, en la que su presidente y vicepresidente fueran los mismos que dirigieran el Consejo de Administración de Tasubinsa. A éstos se sumarían dos vocales de Anfas y uno de Tasubinsa. No obstante, esta nueva estructura no se había propuesto oficialmente.

Pero el 14 de enero, a través de un correo electrónico, el representante de Fundosa, los tres consejeros directivos (Pablo Jaso, Ignacio Zamarbide y Javier Garde), así como los tres independientes (Rosa Jaso, José María Zarranz y Gerardo López) convocaron a la presidenta, al gerente de Tasubinsa y al de Anfas a una reunión “para tratar diversos asuntos de vital trascendencia para los intereses de la entidad”, que tuvo lugar el 16 de enero a las 11.30.

Usue Zulet confirmó su asistencia, aunque mostró al mismo tiempo su “extrañeza” por la urgencia de la convocatoria, ya que a su juicio no era “acorde” con el clima de “confianza” con el que se había trabajado hasta entonces. Los gerentes también acudieron.

Aquella mañana estalló el conflicto. Los consejeros directivos y los independientes se personaron acompañados por un conocido abogado, mientras que los gerentes y la presidenta lo hicieron “solos”. Fue en aquel instante cuando la presidenta, según las fuentes con las que ha contactado este medio, “conoció el importe de la deuda de José Pérez Plano, como reconoce él mismo”. Y al igual que otros asistentes, Zulet le pidió que no volviera a usar la VISA. Los ahora denunciantes también le informaron del problema suscitado con los 157.000 euros de las transferencias de Tasubinsa a Anfas por presunta “formación inexistente” -en la querella se amplía esta cantidad a 300.000-, y otros conflictos suscitados con facturas de Tasubinsa a Anfas “por trabajos de limpieza de los que, una vez cobrados, se devolvía el mismo importe a la segunda en forma de donación”; o “la adecuación de locales”. Estas supuestas irregularidades aparecían reflejadas en un dictamen del letrado pamplonés.

Según la versión ofrecida por dichas fuentes, los denunciantes exigieron “las dimisiones de José Pérez Plano, Gerardo Posada y Usue Zulet -en el caso de estos dos últimos, tanto de sus cargos de Anfas como de Tasubinsa- bajo la advertencia de que, de lo contrario, se interpondría una denuncia penal contra ellos”. También solicitaron una respuesta para el día 21, martes, que los denunciados lograron posponer hasta el 23.

Siempre conforme a los datos ofrecidos por estas fuentes, posteriormente se produjo “un encuentro y algunas conversaciones” entre los representantes de la propiedad (Anfas y Fundosa). En ella, la presidenta afirmó que no podía creer lo que estaba ocurriendo y se preguntaba, sin darlo por sentado, si Rosa Jaso deseaba de nuevo la Gerencia de Tasubinsa.

El 23 de enero, las partes, respaldadas por varios abogados, volvieron a reunirse: “El letrado de los denunciantes preguntó cuál era la respuesta a la oferta de sus clientes, y tanto Usue Zulet como Gerardo Posada afirmaron que ellos no podían dimitir mientras no se lo pidiera su Junta Directiva. Pérez Plano puso su cargo a disposición, pero también señaló que si la propiedad le respaldaba, seguiría”.

LOS BLINDAJES

A partir de ese día se inició un paréntesis, en el que fueron los letrados de unos y otros quienes hicieron de interlocutores y llevaron a cabo las negociaciones. Según ha constatado El Informador, el 5 de febrero el abogado de los denunciantes reclamó la “baja voluntaria” del gerente de Tasubinsa antes del día 7, además del “reconocimiento de la deuda contraída”; la dimisión de Usue Zulet “de todos los cargos” que ocupa en Anfas y Tasubinsa antes del 17 (comprometiéndose a no ostentar en el futuro “cargo alguno”, remunerado o no, en ninguna de las entidades); la dimisión “inmediata” de Gerardo Posada como consejero de Tasubinsa (bajo el mismo compromiso de no tener “cargo alguno”, pagado o no, en la empresa), a pesar de que dichas fuentes matizan que “antes también solicitaban que se marchara de Anfas”.

Pero había una petición más, que consta por escrito: que en un anexo a los contratos de  los tres consejeros directivos (Pablo Jaso, Ignacio Zamarbide y Javier Garde) y del director financiero de Tasubinsa, Felipe Oronsospe, se plasmara que todos ellos recibirían una cuantía “igual a cuatro anualidades de salario bruto”, y “por todos los conceptos que viniera percibiendo el trabajador”, en caso de despido que no fuera por “cese de actividad de la empresa, baja voluntaria o procedente declarado como disciplinario”. El blindaje de Jaso ascendía a unos 231.000 euros; el de Zamarbide, a 182.000; el de Garde, a 195.400; y el de Oronsospe, a 186.200.

Días después y a modo de respuesta, la presidenta y el gerente de Anfas, tras consultarlo con su Junta Directiva, se mostraron partidarios de que el gerente de Tasubinsa fuera despedido, pero si se aplicaba la misma medida para Pablo Jaso y Felipe Oronsospe. La parte denunciante la rechazó.

“El mismo día en que alguien filtró a la prensa el anuncio de la futura interposición de la denuncia, los denunciados recibieron la última oferta, en la que se aceptaba un despido improcedente para Pérez aunque se mantenían las demás peticiones”, concluyeron.

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