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EMPLEO PIDE A TASUBINSA QUE DEVUELVA 235.000 EUROS DE AYUDAS Y ÉSTA ALEGA UN ERROR FORMAL

Por   /   24 febrero, 2014  /   Sin Comentarios

El Informador ha confirmado que la directora del SNE y consejera de Tasubinsa, María Isabel García Malo, ha remitido cuatro reclamaciones a la entidad por justificar el gasto de subvenciones de 2010, 2011, 2012 y 2013 con las mismas nóminas del Centro Especial de Empleo que se presentaron para argumentar el uso de las ayudas dadas por el Departamento de Políticas Sociales. La decisión no es firme, ya que se están analizando las alegaciones de la empresa, que atribuye el problema a un error de forma “subsanable”, que “lamentablemente se ha venido arrastrando durante años” y que se enmendó “tras detectarse en junio de 2013”. La dirección conocía la situación desde entonces, pero la propiedad no supo nada hasta pocos días antes de recibirse las primeras reclamaciones.

Sede de Tasubinsa en Orkoien. EDUARDO SANZ

Sede de Tasubinsa en Orkoien. EDUARDO SANZ

 

 

Por el bien de la discapacidad en Navarra, ojalá todo se deba a un mero error de forma como afirma Tasubinsa, propiedad de Anfas (78 por ciento) y Fundosa(22 por ciento).

Porque según ha confirmado El Informador, el Servicio Navarro de Empleo (SNE) le ha reclamado la devolución de 235.807,94 euros. El motivo: que, entre 2010 y 2013, los gestores de la entidad justificaron el gasto de una parte de las ayudas públicas recibidas por el SNE presentando las mismas nóminas de trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo que entregaron para argumentar el uso de las subvenciones concedidas por el Departamento de Políticas Sociales.

Estas ayudas reclamadas por parte del Ejecutivo foral debían justificarse con otras nóminas de los centros ocupacionales, facturas de éstos o descontando el importe del déficit que generan, es decir, “equilibrando” las cuentas con las del Centro Especial de Empleo. Los centros ocupacionales son unidades no productivas que fomentan la inclusión social de las personas con discapacidad, cuentan con 600 usuarios, y su actividad precisa de un aporte cercano al millón de euros adicional a las subvenciones para su funcionamiento.

Pero para entender las reclamaciones del SNE a Tasubinsa, es necesario explicar cómo son las ayudas del Gobierno de Navarra a la empresa, que rondan los 7,5 millones anuales. Por un lado, el SNE concede subvenciones en tres líneas: para sufragar parte de los salarios de las personas con discapacidad que son contratadas por el Centro Especial de Empleo (suelen cubrir el 50 por ciento del salario mínimo interprofesional o el 75 por ciento en los casos de alta discapacidad), para las unidades de apoyo (técnicos que colaboran con los empleados que poseen discapacidad) y para inversiones (paralizadas desde hace dos años). Y por otra parte, el Departamento de Políticas Sociales, a través de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas(ANAP), otorga ayudas para los centros ocupacionales, que oscilan entre los 3,4 y los 3,5 millones al año.

En este caso, las irregularidades detectadas se centran en los salarios de los trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo. Junto a las otorgadas para los centros ocupacionales, las subvenciones alcanzaron los 25 millones aproximadamente entre 2010 y 2013. De modo que la cantidad reclamada supone algo menos del 1 por ciento.

A juicio del SNE, se produjo “un exceso sobre el coste de dicha actividad subvencionable”. Ahora bien, la decisión aún no es firme, ya que el SNE está analizando las alegaciones presentadas por el gerente de la entidad, José Pérez Plano, en las que reconoce el fallo pero indica que los centros ocupacionales son deficitarios y el problema se debió a un “error” de forma “subsanable”, que “lamentablemente se ha venido arrastrando durante años” y que se enmendó tras detectarse “en junio de 2013”.

En este sentido, cabe reseñar que el dinero reclamado en 2013 (27.878,65 euros) es claramente inferior a los importes de 2010, 2011 y 2012 (83.205,36; 59.666,32; y 65.057,61). Y que mientras las anomalías de los tres primeros años hacían referencia a los ejercicios completos, el último sólo se centra en los meses que van de enero a agosto, aunque en la entidad creen que la suma del año pasado sólo debía ser, como mucho, de 13.755 euros. Porque en junio, julio y agosto “ya se había cambiado el sistema de justificación”.

Tasubinsa incluso pone a disposición de la Administración los datos de ejercicios  anteriores por si considera “necesario” realizar este trabajo sobre los años previos para “poder subsanar de manera conjunta éste u otros errores que puedan detectarse”. Es más que probable que no se hayan solicitado más devoluciones “porque las irregularidades habrían prescrito”.

LA DIRECCIÓN CONOCÍA EL PROBLEMA

De modo que desde junio de 2013, “la dirección conocía la problemática”.  Entre los directivos se encuentran Pérez Plano y los cuatro que impulsaron la ya polémica denuncia contra el gerente de Tasubinsa; el de Anfas, Gerardo Posada; y la presidenta de ambas entidades, Usue Zulet. Se trata de Pablo Jaso, director de Operaciones; José Javier Garde, director de Desarrollo de Negocio; Ignacio Zamarbide, director de Sistemas; y Felipe Oronsospe, director financiero. Los tres primeros, además, ocupan un puesto en el Consejo de Administración.

Ahora bien, fuentes del Ejecutivo foral y de la propia Tasubinsa aseguran que los propietarios (Anfas y Fundosa) no supieron nada hasta pocos días antes de que las primeras reclamaciones, centradas en los años 2012 y 2013, se hicieran efectivas el 12 de noviembre. Las últimas llegaron a finales de enero y todas ellas están firmadas por la propia directora general del SNE, María Isabel García Malo, consejera a su vez de Tasubinsa.

Después de que la presidenta y el representante de Fundosa, Miguel Sagarra, analizaran la situación, ambos acordaron celebrar un monográfico con el equipo directivo sobre este asunto en enero o febrero, que sirviera para que se aclarasen todos los detalles del caso. Pero a mediados de enero estalló el conflicto por la modificación del Consejo de Administración que quería promover Anfas, adelantada el pasado sábado por El Informador. E inevitablemente, el problema de la subvenciones pasó a un segundo plano…

EL PSN PIDE EXPLICACIONES

Curiosamente, el PSN solicitó la semana pasada la comparecencia en el Parlamento de Navarra de García Malo; del director general de Políticas Sociales y Consumo, Mariano Oto; y de la directora general de Trabajo y Prevención de Riesgos, Imelda Lorea, para que expongan “si la gestión de los fondos públicos otorgados a Tasubinsa y Anfas para distintos fines ha sido correcta” y si han detectado alguna infracción “en los últimos meses”.

Tanto García Malo como Oto y Lorea son a su vez consejeros de Tasubinsa, donde no cobran remuneración alguna, aunque está previsto que renuncien a sus cargos próximamente, a pesar de que el convenio de 2014 todavía está pendiente de rúbrica (el director general de Políticas Sociales y Consumo apuntó la semana pasada que los conflictos de la empresa pueden dificultar su firma).

Ninguno de los tres se ha posicionado a favor o en contra de la denuncia. El argumento empleado para explicar su marcha es sencillo: la entrada del Ejecutivo navarro en el Consejo de Administración hace casi veinticinco años iba encaminada a controlar la adecuada utilización de los fondos públicos. Y aunque ahora se hayan producido estas irregularidades, en teoría ya se han implantado los mecanismos apropiados para la supervisión de los procesos.

DUPLICIDAD DE NÓMINAS DESDE 2010 A 2013

Fueron los gestores de la Agencia Navarra para la Autonomía de las Personas (ANAP), dependiente del Departamento de Políticas Sociales, quienes detectaron la infracción, la misma en 2010, 2011, 2012 y 2013: haber justificado el gasto de las subvenciones otorgadas por el SNE y la ANAP presentando por duplicado las nóminas de los mismos trabajadores con discapacidad del Centro Especial de Empleo.

En 2010, el SNE concedió un total de 3,3 millones de euros para cubrir gran parte de los sueldos, fijados en el salario mínimo interprofesional. Y por otra parte, la ANAP dio 3,4. La empresa presentó a ambos organismos las nóminas de treces trabajadores. María Isabel García Malo solicita el reintegro de 83.205,36 euros.

Un año más tarde, el SNE dio casi 3,4 millones de euros y la ANAP, 3,5. Los gestores de Tasubinsa justificaron los gastos con las mismas nóminas que el año anterior. Y ahora, el SNE reclama la devolución de 59.666,32 euros.

En 2012, las ayudas por parte del SNE para este fin ascendieron a 2,3 millones y las de la ANAP, a 3,5. Esta vez, en ambos casos se emplearon las nóminas de diecisiete trabajadores para corroborar el uso de ambas subvenciones. El Gobierno foral pide que se le entreguen 65.057,61 euros.

Por último, en 2013 el SNE concedió 1,9 millones de euros entre los meses de mayo y septiembre (los meses a los que afectan las irregularidades) y la ANAP, 3,5. Desde Tasubinsa se aportaron las nóminas de once trabajadores. La reclamación llega hasta los 27.878,65 euros, notablemente inferior una vez que la entidad modificó los informes de justificación de gastos. En la empresa creen que la cuantía de 2013 no debía pasar de los 13.755 euros.

LAS ALEGACIONES

En primer lugar, el gerente de Tasubinsa, encargado de redactar las alegaciones, recuerda que los centros ocupacionales son deficitarios(1,05 millones en 2010, 1,2 en 2011, 843.000 en 2012 y una cifra similar en 2013) y que las cuentas de la empresa se someten a “auditorías anuales”. El déficit de los centros ocupacionales se cubre con los excedentes generados en el Centro Especial de Empleo.

Además, resalta que en dichos centros se programan iniciativas complementarias en las que también participan personas con discapacidad del Centro Especial de Empleo, cuyos salarios están subvencionados al mismo tiempo por el SNE. Y puntualizan que los solapamientos detectados en la justificación de los gastos de las subvenciones se ciñen a estas personas.

Por lo tanto, para Tasubinsa los “errores” son solamente fallos formales que se pueden enmendar presentando las nóminas de otros trabajadores, facturas de gastos de los centros ocupacionales o descontando el importe del déficit que generan y equilibrando por tanto sus cuentas con las del Centro Especial de Empleo.

LA GRAVE SITUACIÓN DE TASUBINSA

El pasado martes trascendió la ya conocida denuncia interpuesta por seis consejeros (tres directivos y otros tantos independientes) y 39 trabajadores contra el gerente de la empresa, el de Anfas y la presidenta de ambas entidades. Los denunciantes acusan a Pérez Plano de adeudar más de 56.000 euros a Tasubinsa, gran parte de ellos por cargos a la VISA de la empresa, lo que podría suponer “una irregularidad administrativa” (se acogió a una línea de crédito que permite la entidad).

Pero consideran que Zulet podría estar ante un delito de administración deslealporque, según su versión, ella conocía el problema, algo que han desmentido públicamente tanto la propia presidenta como Pérez Plano, quien sin embargo admite la deuda (aunque no los argumentos esgrimidos por los denunciantes).

Al mismo tiempo, los denunciantes estiman que los tres habrían cometido delitos de falsedad en documento mercantil (facturas falsas) y un delito de societario(por supuesta alteración de las cuentas) al haber pagado Tasunbinsa a Anfas “300.000 euros” por “cursos de formación inexistentes” tras lo que se esconde, a su juicio, una “donación encubierta”. Los denunciados subrayan que “la formación está documentada”.

Tres días más tarde, distintas fuentes señalaban a El Informador que el origen del conflicto, que ha derivado en una enconada lucha de poder, fue el intento inicial de la propiedad de cambiar la composición del Consejo de Administraciónpara que los dueños tuvieran mayoría”, un deseo expreso de las familias de Anfas, que el pasado sábado pidieron a su Junta Directiva que lleve a cabo una “limpieza” en Tasubinsa y tome el control de ésta.

Porque actualmente, el Consejo de Administración está compuesto por tres representantes de dicha asociación, uno de Fundosa, tres directivos (Pablo Jaso, Javier Garde e Ignacio Zamarbide), los tres del Gobierno de Navarra y otros tantos independientes (que no cobran salario alguno al igual que los representantes del Ejecutivo foral). Los propietarios, por lo tanto, no tienen capacidad para tomar decisiones.

Además, este medio desveló que el sueldo del gerente, que acumuló 56.000 euros de deuda, asciende a 70.000, a los que se suman entre un 12,5 y un 25 por ciento por objetivos. Así mismo, los salarios de Pablo Jaso, Javier Garde, Ignacio Zamarbide y el director financiero, Felipe Oronsospe, todos ellos incluidos entre los impulsores de la denuncia, oscilaron entre los 45.000 y los 57.000 euros en 2013; y el del gerente de Anfas fue de 49.788 -la presidenta no recibe retribución alguna-.

No obstante, también cabe recordar que entre los consejeros independientes se encuentra Rosa Jaso, hermana de Pablo Jaso. Actualmente no obtiene sueldo alguno por su labor en Tasubinsa, pero fue gerente en 2005, 2006 y parte de 2007. Ganó 63.418 euros, 88.239 (notablemente más que el gerente actual) y 36.938 (al no acabar el año) respectivamente. Nombrada consejera en su día por su puesto como directora de la Fundación Caja Navarra, siguió en el cargo de Tasubinsa cuando fue “relevada” de CAN. Hay quienes intuyen que podría desear de nuevo la Gerencia de Tasubinsa, aunque este extremo no se ha confirmado.  

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