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EL INSTRUCTOR DEL EXPEDIENTE DE SÁNCHEZ AGURRUZA PIDIÓ TRES AÑOS DE SANCIÓN

Por   /   7 febrero, 2015  /   Sin Comentarios

La sanción impuesta por el Gobierno foral al presunto líder de Ibil, que hasta ahora trabajaba como profesor en el Colegio Público de Urdax-Zugarramurdi, no se adecúa a la propuesta por el funcionario que instruyó el expediente. Mientras éste apostaba por suspenderle de empleo y sueldo durante tres años y consideró como atenuantes la falta de episodios similares en el pasado y la rápida incorporación de una profesora sustituta, al Ejecutivo no le pareció una medida proporcionada, de ahí que optara por la separación del servicio. Así consta en el acuerdo del Gobierno de Navarra, al que ha accedido El Informador. Desde el colegio afirman que Sánchez Agurruza tenía un carácter autoritario, lo que le había generado problemas con alumnos de ESO. Lo definen como un tipo voluble y con cierta tendencia a la depresión.

Mensaje original de Sánchez Agurruza a sus alumnos. EL INFORMADOR

Mensaje original de Sánchez Agurruza a sus alumnos. EL INFORMADOR

 

La decisión de expulsar de la docencia pública al presunto líder de Ibil, Fermín Sánchez Agurruza, no está exenta de polémica e incidencias. Tanto el funcionario que instruyó el expediente como el Gobierno de Navarra, encargado en última instancia de adoptar las medidas disciplinarias, consideran que Sánchez Agurruza ha cometido una falta muy grave debido a su ausencia injustificada y continuada durante casi un año del Colegio Público de Urdax-Zugarramurdi, donde trabajaba como profesor. Pero en ningún caso comparten la sanción impuesta.

Según consta en el acuerdo adoptado el pasado miércoles por el Ejecutivo foral, al que ha tenido acceso El Informador, el instructor abogó por suspenderle de empleo y sueldo durante tres años, mientras que el Gobierno de Yolanda Barcina optó por separarle del servicio. Ambas posibilidades están contempladas en el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Pública de Navarra. Pero unos y otros hicieron una interpretación muy distinta de las circunstancias que rodean al caso.

El expediente disciplinario contra Sánchez Agurruza se incoó el 1 de abril del año pasado, 37 días después de su desaparición, adelantada por este medio. Fue mediante una resolución de la directora del Servicio de Recursos Humanos del Departamento de Educación. En ella, se nombró como instructora y secretaria del expediente a una inspectora de Educación y a una técnica de Administración Pública, perteneciente al Servicio de Recursos Humanos de dicho departamento, que dirige el consejero José Iribas.

Ya en ese instante, se podía haber aplicado a Sánchez Agurruza el artículo 64.c) del citado Estatuto, en el que se establece como “falta muy grave” la “ausencia injustificada y continuada” del puesto “durante más de un mes”. Un artículo que fija dos tipos de sanciones para esta clase de infracciones: la suspensión por un período de uno a cinco años o la separación del servicio. La graduación del castigo se fija según la naturaleza de la falta, el grado de participación de los responsables, la perturbación ocasionada en el servicio, los perjuicios causados a la Administración o a los ciudadanos y la reiteración o reincidencia.

Siguiendo el procedimiento habitual en este tipo de casos, el Departamento de Educación citó el 13 de mayo a la directora del colegio y al supuesto líder de Ibil, una escisión radical abertzale partidaria de mantener la lucha armada y cuya existencia desveló El Informador, para tomarles declaración. La primera sí acudió, pero no Sánchez Agurruza. Hasta en dos ocasiones (el 28 y el 29 de abril) se le remitió por correo ordinario el requerimiento, pero no se le pudo notificar en persona, ya que no se encontraba en su domicilio.

De poco sirvió que el Servicio de Recursos Humanos de Educación citara nuevamente a Sánchez Agurruza para el 2 de junio. Al estar ausente y de acuerdo con la normativa vigente, Educación publicó el edicto en el tablón del Ayuntamiento de Berriozar, donde reside la familia de este expreso de ETA, y en el Boletín Oficial de Navarra (BON). No sirvió de mucho, ya que tampoco compareció.

Debido a su condición de funcionario en expectativa de destino, se esperaba que asistiera al acto de elección de plazas para el curso 2014-2015, previsto para el 24 de junio, pero no lo hizo. Nueve días más tarde, la instructora presentó el pliego de cargos. Y para seguir con el procedimiento establecido en la normativa foral, el departamento de Iribas lo envió por correo ordinario el 28 del mismo mes a casa del implicado. Una mujer que se identificó como familiar de él recibió el pliego, en el que se concedían quince días a Sánchez Agurruza para comunicar sus alegaciones. Tampoco esta vez hubo noticias de él.

La polémica arreció el 4 de septiembre, cuando la instructora decidió abrir un proceso probatorio y solicitar información a la Jefatura Superior de Policía de Navarra sobre las causas judiciales pendientes de Sánchez Agurruza y las sentencias firmes que existen contra él. Dos semanas más tarde, desde el Cuerpo Nacional de Policía le aclararon que el organismo competente para solicitar esa clase de datos era el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN).

La documentación sobre los pasos dados en este sentido también se envió al domicilio del presunto líder de Ibil el día 16. Fue recibida por otra familiar. Y tras finalizar el proceso, el 29 de octubre se le mandó el resultado de la prueba practicada, que incluía la respuesta del Cuerpo Nacional de Policía y la notificación de que Educación no llevaría a cabo finalmente ninguna actuación ante el TSJN.

Distintas fuentes señalan a este medio que la decisión de acudir a las fuerzas de seguridad no gustó a los dirigentes de Educación. Casualidad o no, la directora del Servicio de Recursos Humanos apartó del caso a la instructora y la secretaria el 15 de octubre. “Hay quienes piensan que el retraso en la tramitación del expediente también podría haber influido en la decisión, aunque este extremo no se ha confirmado”, agregaron dichas fuentes. Oficialmente, la directora argumentó que la instructora se encontraba en situación de incapacidad temporal de larga duración, mientras que la secretaria finalizaba “la situación de servicios especiales en el Departamento de Educación” un día después.

Ambas fueron sustituidas por otros dos funcionarios, que retomaron el expediente el 17 de octubre. Pero resultó imposible comunicar este cambio a Sánchez Agurruza, a pesar de que trabajadores del servicio de correos se personaron dos veces en su domicilio (el 16 y el 17 de octubre). De ahí que se volviera a recurrir al tablón de edictos del Consistorio de Berriozar y al BON para dar fe del cambio.

El nuevo instructor puso de manifiesto que la información solicitada al Cuerpo Nacional de Policía no aportaba nada relevante al expediente. Y aunque consideró que Sánchez Agurruza había incumplido gravemente sus deberes de profesor, creía que a la hora de fijar la sanción debían tenerse en cuenta dos atenuantes: que no contaba con antecedentes similares y que el centro escolar de Urdax-Zugarramurdi incorporó a una profesora sustituta el 10 de marzo, de modo que el perjuicio se subsanó con bastante rapidez. Por eso, en su propuesta de resolución, firmada el 25 de noviembre, recomendó imponer al supuesto líder de Ibil una sanción de empleo y sueldo durante tres años. En ella se dejaba constancia de que Sánchez Agurruza tenía quince días para presentar alegaciones. Su familia recibió el documento.

Finalmente, la propuesta de resolución se trasladó a la comisión de personal el 8 de enero, que no entregó ningún informe al respecto en el plazo estipulado.

EL ACUERDO DEL GOBIERNO

La medida disciplinaria impuesta por el Gobierno foral se conoció el pasado miércoles. A su juicio, la sanción solicitada por el instructor no era “proporcionada”. Además, el Ejecutivo de Barcina contradijo los argumentos esgrimidos como atenuantes por el funcionario.

Por un lado, entendió que la falta de antecedentes no debía tenerse en cuenta, básicamente porque la prestación del servicio “debe ser la situación ordinaria y su cumplimiento no puede servir para graduar la sanción”. Además, subrayó que, independientemente de la contratación de una sustituta, la “perturbación” ocasionada sólo podía contemplarse como como “agravante”. El Gobierno de Navarra también criticó que el expedientado no hubiera realizado acción alguna para paliar los daños.

Atendiendo a la naturaleza de la falta, el Ejecutivo remarcó que la falta cometida por Sánchez Agurruza es la más grave que puede llevar a cabo un funcionario, puesto que supone el incumplimiento del deber fundamental de un trabajador de la Administración Pública: la prestación del servicio.

En cuanto a la perturbación que su ausencia supuso para el servicio y la Administración, recordó que el colegio se vio obligado a buscar personal y que el supuesto líder de Ibil, lejos de intentar solucionar el problema, mostró una gran “pasividad” a lo largo de la tramitación del expediente. Una pasividad que se tradujo en un “desprecio” hacia la Administración, lo que “agravó su responsabilidad”, igual que “lo prolongado de la ausencia”.

Sobre el perjuicio causado a los ciudadanos, defendió que los alumnos se habían visto sometidos a cambios de profesores que, debido a su falta de justificación, “no tenían por qué soportar” y que se tradujeron en una falta de “continuidad y estabilidad” en el servicio educativo.

Por estos motivos, el Gobierno de Navarra consideró oportuno mantener la calificación de los hechos efectuada por el instructor, pero elevando la sanción hasta la expulsión. Para ello también se apoyó en varias sentencias previas del Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

“La diferente redacción del artículo 64.c del Estatuto navarro de personal respecto al artículo 6.c) del Real Decreto 33/1986 no obsta a la aplicación de esta doctrina jurisprudencial en el caso que nos ocupa. La normativa foral es más concreta al fijar la falta de abandono del servicio, ya que añade tres elementos: que sea continuado, que sea injustificado y que tenga una duración mínima de un mes. Constatada la concurrencia de estos elementos identificadores en el caso que nos ocupa, no resulta necesario acudir a definiciones jurisprudenciales, que por otro lado encajan perfectamente, para considerar que la sanción de separación del servicio es proporcionada para la falta cometida”, concluyó.

Ahora, a Sánchez Agurruza sólo le quedan dos opciones si desea luchar por recuperar su plaza de profesor: interponer un recurso potestativo de reposición ante el propio Ejecutivo foral en el plazo de un mes o un recurso contencioso-administrativo ante el TSJN en los próximos dos meses.

UNA PERSONALIDAD COMPLEJA

Desde el Colegio Público de Urdax-Zugarramurdi indican que, debido a su carácter autoritario, este expreso de ETA tuvo algunos problemas durante el curso 2011-2012 con alumnos de ESO, a los que impartía Francés y Geografía e Historia. De ahí que, al año siguiente, la Dirección del centro redujera su horario lectivo con los estudiantes de ESO y únicamente le asignaran las clases de Francés. Eso sí, con los críos de Infantil y Primaria mostraba bastante afinidad.

En el colegio, lo definen como un hombre voluble y con cierta tendencia a la depresión. Ocasionalmente, cogía bajas de un día cuando mostraba estados de abatimiento. Pero siempre avisaba de cualquier retraso o ausencia. También aseguran que, en los días previos a su desaparición, su estado de salud y anímico parecía normal.

UN DÍA DIFÍCIL

La mañana del 24 de febrero, lunes, fue bastante complicada para los profesores. A las 10:00 horas, Sánchez Agurruza debía iniciar sus clases en Urdax (el centro tiene sedes tanto en esta localidad como en Zugarramurdi). Pero una hora más tarde, aún no había aparecido. De modo que una tutora alertó de su ausencia a la directora. Algunos compañeros trataron de contactar en vano con él por teléfono. En ese instante, la familia del presunto líder de Ibil estaba convencida de que había ido a trabajar.

Sin embargo, a primera hora una profesora había hallado tres ejemplares de El Señor de los Anillos (no uno como se creyó inicialmente), colocados sobre las mesas de tres alumnos y con una ficha de trabajo para cada uno. Como Sánchez Agurruza contaba con llaves del colegio, es posible que dejara los libros el viernes por la tarde, tras las clases, ya que se había quedado solo trabajando en el centro.

La maestra, sin dar importancia al tema, mandó dejar los ejemplares en la zona de biblioteca. Hasta que un alumno le avisó de las dedicatorias que el desaparecido había escrito en ellos. Este medio ha tenido acceso al mensaje original que plasmó en los libros (reproducido en la imagen que abre el artículo). “A mis alumnos de Zugarramurdi y Urdax. Muchas gracias por los años pasados con vosotros. Una estrella brilla en la hora de nuestro encuentro”, señaló al tiempo que dibujaba un corazón con una flecha y dos estrellas de cinco puntas (una sobre unos montes y otra junto a su firma).

Sobre las 12.15, la tutora se desplazó a Zugarramurdi para entregar uno de los ejemplares a la directora. Todos creyeron que Sánchez Agurruza podía haberse suicidado, ya que no se había despedido de ningún compañero ni de los alumnos. Así que telefonearon a su mujer, que barajó la posibilidad de que hubiera sido arrestado. La directora puso entonces los hechos en conocimiento del inspector del centro.

Esa misma tarde, después de que la pareja del implicado denunciara la desaparición (retiró la denuncia horas más tarde), el coche de Sánchez Agurruza apareció en el alto de Otxondo, donde fue descubierto por agentes de la Policía Foral. Por recomendación del inspector, la directora entregó a los agentes una copia de las notas dejadas por el expreso.

Las últimas informaciones sobre el caso sitúan al implicado en Francia, en localidades como San Juan de Luz o Ciboure, aunque es posible que puntualmente esté regresando a España.

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